LA GRAN MENTIRA DE LA NACIONALIZACION DEL PETROLEO

"DE LA PRIVATIZACIÓN A LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN VENEZUELA", EL ENGAÑO Y BANDERA POLITICA QUE DURANTE 3 DECADAS ARGUMENTARON LOS SEGUIDORES DEL PUNTOFIJISMO.*

*"La honestidad, la dignidad y la vocación de servicio nada dan, sólo exigen el sacrificio siempre en aras de ideales superiores"*

*Ese es el camino correcto y así lo señala el coronel Hugo Trejo en su libro: LA REVOLUCIÓN NO HA TERMINADO.*

*Por Lic. Víctor Ponte.*

*29 de agosto de 2024.*

El 01 de Enero de 1976 entró en vigencia la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, que le reservaba al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos y con ella el festín de los amos del Valle por la principal industria de Venezuela, la Nacionalización que trajo perdidas y no ganancias.

El 1 de enero de 1976 ese día entraba en vigencia “Ley que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos” o Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, a la que Pérez había puesto el “ejecútese” el 29 de agosto de 1975, en el Salón Elíptico del Palacio Federal, ante el arca abierta que contenía el Acta de la Independencia de Venezuela en un acto de Patriotismo disimulado, CAP estampaba la firma de lo que en realidad fue la compra de Chatarra por parte del Estado venezolano que si bien nacionalizo nuestro principal recurso energético, no cerraba la puerta a la sociedad y reparto del botín con las trasnacionales gringas.

Al día siguiente, el 30 de agosto de 1975, suscribió el decreto ejecutivo número 1.123 que creaba la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

El señor Carlos Andrés Pérez, en su acostumbrado tono jocoso e inspirador para cerrar su intervención el día del gran negocio con unas líneas muy cónsonas con su temperamento: *«La prisa no es nuestra. Es del mundo en que vivimos. Cada día se hace más tarde para lo que ha debido hacerse ayer. El petróleo y las decisiones que lo afectan son universales. Igual sus posibilidades y alternativas para Venezuela. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. ¡Manos a la obra!»*.

Cuando el sol se puso aquel funesto día, las 14 operadoras extranjeras, que fueron indemnizadas por unos *1.054.000.000 millones de dólares*, 117.000.000 en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública, eran ya filiales de PDVSA. Creole devino Lagoven; Amoco, Amoven; Shell, Maraven; Phillips, Roqueven; Talon, Taloven; Mito Juan, Vistaven; Mene Grande Oil Company, Meneven; Las Mercedes, Guariven; Sun Oil, Palmaven; Sinclair, Bariven; Mobil, Llanoven; Chevron, Boscanven; Texas, Deltaven; y la CVP pasó de instituto autónomo a compañía anónima.

Se puntualiza a la energía como un bien social ya que de ella depende la organización de la sociedad y la vida misma. Se recuerda que los hidrocarburos, desde finales del siglo xix, se fueron convirtiendo en la principal fuente de energía y de allí la preeminencia de la discusión sobre la propiedad de ese recurso.

He querido referenciar los rasgos esenciales y primordiales de la historia del petróleo en Venezuela, centrándome en el estudio de los Regímenes Jurídicos que han regulado esta actividad y argumentando que, desde el otorgamiento de las primeras concesiones, comenzó a germinar en el país el anhelo por la nacionalización.

El desarrollo de ese anhelo es el que lleva a la promulgación de importantes leyes, como la de 1943 o la de reversión (Nacionalización) en 1971 y a la fundación de trascendentales instituciones como la CVP o la OPEP. Ese proceso conduce a que en 1975 se promulgue la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

Este artículo busca informar a nuestro pueblo sobre “La Gran Estafa” que significo la nacionalización, que según palabras del Presidente de la Republica de aquella época buscaba superar el modelo extractivo exportador tradicional, incorporando la actividad petrolera a la economía interna y fortaleciendo sus vínculos con otros sectores de la sociedad, que jamás fueron alcanzados en el periodo histórico conocido como la 4ta Republica y fue el Comandante Hugo Chávez quien le da un sentido más social al negocio petrolero.

Para la mayoría de los venezolanos, la nacionalización petrolera fue un evento trascendental en el curso natural de evolución de la política petrolera venezolana.

De tal manera, podría hacerse un encadenamiento histórico con eventos precedentes y colocarla como punto culminante de la referida evolución, en 1943, después de una larga discusión nacional, fue suscrito un convenio entre el gobierno del General Isaías Medina Angarita y las compañías petroleras, con la “mediación” del Departamento de Estado norteamericano, los “Gringos cuidando lo que por Derecho Celestial” les pertenecía esto de acuerdo al Destino Manifiesto.

En cumplimiento de ese convenio se promulgó la Ley de Hidrocarburos vigente hasta el año 2000. En ese entonces, las compañías extranjeras concesionarias se acogieron a los términos de dicha Ley, obteniendo, a cambio de ello, una extensión por 40 años de sus derechos de exploración, explotación y manufactura de los hidrocarburos en las áreas bajo su control.

El gobierno del General Marcos Evangelista Pérez Jiménez otorgó, entre 1956 y 1957, y también por cuarenta años, de acuerdo a los términos de la citada Ley, las últimas concesiones.

En 1961 y por inspiración del Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo en el marco de la política petrolera promovida en su “Pentágono de Acción” que era una Comisión Coordinadora para la Conservación y Comercio de los Hidrocarburos y su función, entre otras, era profundizar en estudios del estado de la industria petrolera, coordinar entre órganos competentes en la materia., que incluyó, entre otras cosas la creación de la CVP y de la OPEP, el Congreso Nacional, al promulgar la nueva Constitución, dejó establecida la norma de que no se otorgarían nuevas concesiones de hidrocarburos (Art. 97), mejor conocida como la “política de no más concesiones”.

A mediados de 1971 el Congreso Nacional aprueba la “Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión”, a tenor de la cual quedaron totalmente identificados y cuantificados los activos de la industria petrolera que revertirían a la Nación al término de las concesiones en el año 1983, es decir 7 años después de la nacionalización ejecutada en 1976.

Por virtud de todo lo anterior, 1983 pasó a convertirse en un año muy importante para los venezolanos de las décadas 60 y 70, en ese año revertiría a la Nación, sin posibilidad de renovación y sin ninguna indemnización, el 80% de las concesiones otorgadas hasta entonces. En otras palabras, en 1983, Venezuela pasaba a ser dueña directa, en un 80%, de la industria petrolera establecida en su territorio. En 1996-97 revertiría el otro 20%.

1983 era, pues, el año en que se iniciaría, con todos los hierros, el despegue definitivo de Venezuela hacia la liberación económica y el desarrollo sin tener que cancelar la bicoca de *1.054.000.000 millones de dólares*.

*EL CUENTO DE NUNCA ACABAR, LAS TRASNACIONALES GRINGAS, RENUNCIAN A LAS CONSECIONES Y NO HUBO BOMBARDEOS NI INTERVENCION MILITAR.*

La solícita política petrolera internacional y la voluntad de las corporaciones de imponer una transición a su imagen y semejanza, determinaron que esa “reversión”, dispuesta en la Ley de 1943 y completamente reglamentada por la Ley de 1971, se adelantara a 1976, esto de acuerdo a la buena voluntad y la política exterior de la Casa Blanca siempre dispuesta a ayudar al prójimo, más si son afro descendientes y latinos, y que nadie dude por un momento de estos nobles sentimientos del Pentágono y de su Jefe.

De tal manera que en ese año, posteriormente de ser ventajosamente indemnizadas por la entrega de equipos, instalaciones e inmuebles largamente depreciados y deteriorados, habiendo obtenido unos contratos de asistencia técnica que simplemente escondían injustificados y generosos pagos adicionales, unos contratos de comercialización en donde se les otorgaban jugosos descuentos y, previo también, un avenimiento secreto en el cual recibieron garantías no escritas pero fielmente cumplidas de participación en todos los futuros emprendimientos petroleros del país, las grandes corporaciones internacionales renunciaron a sus concesiones; dejando de paso, y como garantes de sus intereses en las que ahora serían operadoras nacionalizadas, a los “nativos” de su confianza, es decir, un Caballo de Troya antinacional que a partir de los años 90 promovió la privatización a marcha forzada, vía las aperturas, las asociaciones estratégicas, el “outsourcing” y la venta de parte del capital en acciones, pero cuyas actividades de evasión fiscal y saboteo del control que debía ejercer el Ministerio de Energía y Minas comenzó desde el propio 1º de enero de 1976.

Se cristalizo así el gran engaño o como lo llamo yo, “La Gran Estafa contra el pueblo Venezolano, en 1976, el adelanto de la “reversión”, siete años ante del término establecido en la Ley de 1943. Ese suceso fue señalado inadecuadamente, como la “nacionalización petrolera”, y hasta la llegada del Comandante Hugo Chávez, nadie se atrevía a objetar el gran negocio de CAP´ y de Kissinger y Rockefeller, durante todo ese periodo podíamos ver por las ciudades y pueblos de Venezuela, cualquier cantidad de personas levantado la bandera de la nacionalización como el más acertado de los pasos dados por el Capo Carlos Andrés Pérez.

En 1974, por ejemplo, cuando eran probadas las inmensas ganancias de los consorcios petroleros a nivel global, el reparto teórico de los beneficios netos de la actividad petrolera en Venezuela resultaba en una proporción de 95% para el Estado venezolano y sólo 5% para las filiales transnacionales, de las ventas del crudo que se referenciaba a un (1) dólar por barril, es decir 95 centavos de dólar para Venezuela y 0,5 centavos para las trasnacionales, en este festín, que aparentemente era desproporcional y favorecía a Venezuela, no entraban los pagos de asistencia y exploración y producción, Venezuela comenzaba a duras penas a formar a sus profesionales y Ali Primera con su verbo encendido y su letra inspiradora comenzaba a abrir los ojos de los venezolanos.

La irrealidad de estas proporciones y la dificultad de mantener semejante engaño en el mismo año en el cual la Creole Petroleum Corporation aportaba un desmesurado porcentaje de las ganancias internacionales de la Exxon Mobil fueron elementos determinantes de ese agotamiento que provoco dos lustros más tardes la agitación popular ante el paquete económico del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez y la gran desigualdad reinante..

Y ello se hacía crítico en la medida en que se acercaba 1983, año en el cual se iniciaría el vencimiento y por ende la reversión de las concesiones de hidrocarburos, sin que para esa fecha estuviera prevista una alternativa clara para el subsiguiente desarrollo de la industria, cercada por la norma constitucional que establecía el no otorgamiento de nuevas concesiones y el voluntario enanismo en el que fue mantenida la Corporación Venezolana del Petróleo durante sus quince años de existencia.

El instrumento primordial para la manufactura de tan incoherente resultado de una nacionalización fue, en un principio, el conjunto de acuerdos firmados tras bastidores mientras se discutían públicamente los términos de la “Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos”. Con lo que, en suma, la nacionalización resulta ser el resultado de un nuevo paquete Ley y Convenios al estilo del pacto entre el gobierno y las compañías que institucionalizó en 1943 el régimen concesionario.

En otras palabras, con el fin de la era concesionaria no se pasa a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades sociales económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez una jugada a maestra con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario y que a decir verdad fue el caldo de cultivo del nacimiento de los diferentes movimientos insurgentes de la época.

*LA VERDAD VERDADERA NO FUE LA NACIONALIZACION*

El acto de nacionalizar el Petróleo fue un acto meramente simbólico, fue un favor de Carlos Andrés Pérez que le reporto incluso a él una jugosa ganancia, además para asegurar a las trasnacionales la continuidad del control de nuestro principal recurso energético formuló e introdujo una modificación sustancial al artículo 5 del proyecto original de la Ley que desvirtuó la esencia de una auténtica nacionalización.

"En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes."

La nacionalización propuesta en el gobierno de Carlos Andrés Pérez perseguía defender los intereses de las compañías petroleras internacionales que operaban en suelo venezolano e incrementar sus beneficios, todo esto de una manera muy disfrazada, pues todavía pululaban en el ambiente de la geografía nacional y en la memoria de los venezolanos hechos históricos como los liderizados por el Coronel (EJ) Hugo Trejo y el Capitán de Navío (ARV) Víctor Manuel Ponte Rodríguez, el Capitán de Fragata (ARV) Pedro Medina Silva y el Capitán de Corbeta Víctor Hugo Morales (ARV).

El Estado venezolano indemnizó a las concesionarias por más de cuatro mil trescientos millones de bolívares (Bs. 4.300.000.000), mil Millones de Dólares a 4,30 Bs. Por dólar cantidad que superaba los beneficios que ellas pudieran haber alcanzado de continuar operando hasta 1983, fecha prevista para la reversión en las respectivas leyes anteriores.

"A esto lo llamaron la Segunda Independencia de Venezuela, aun cuando el Doctor Maza Zavala exclamaba de que si realmente se sacaran bien las cuentas serían las compañías a quienes les correspondería indemnizar a nuestro país"

"AD junto con su afeminado líder, Rómulo Betancourt continuó diciendo que admitía que las transnacionales podían seguir en el país controlando el mercado, el transporte y la tecnología de cuanto tuviese que ver con nuestros hidrocarburos.

Veinte años, en la década de los 90, el gobierno de Rafael Caldera aplicó la política de apertura petrolera, que comprendió la implementación de convenios operativos, asociaciones estratégicas, y la internacionalización de Pdvsa, que apuntaba hacia la privatización de la industria petrolera venezolana, que era el plan que tenía previsto la esquizofrénica y mitómana compulsiva María Violencia Machado en su plan de Gobierno *“Venezuela Land of Grace”*

CONSECUENCIAS DE LA NEO-NACIONALIZACION.

El comienzo de la verdadera nacionalización petrolera ocurrió en enero de 2003, cuando el gobierno del Comandante Hugo Chávez derrotó la conspiración petrolera, desarrollada por los sectores de la derecha y recuperó Pdvsa y su Cerebro Informático que estaba en manos de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en Langley en el Condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos.

Fue con la llegada al poder del Comandante Hugo Chávez, que se emprendió una lucha por la defensa de la soberanía nacional en el sector petróleo, para garantizar la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo venezolano y el control estatal de la industria energética y en la actualidad es el epicentro de la lucha imperial contra el Gobierno y Pueblo Venezolano.

Fue Chávez quien acabo con las concesiones entreguistas y la famosa apertura petrolera, esta nueva forma de existencia de la relación dependiente que se fundó en sus inicios en 1976, en un también nuevo tipo de contrato, distinto formalmente del contrato concesionario, pero que obtuvo con más eficiencia los mismos resultados, Los convenios de asistencia técnica y los contratos de comercialización con los cuales quedaron encadenadas las nuevas operadoras nacionalizadas, Lagoven, Maraven, Llanoven, Meneven, entre otras, a sus antiguas casas matrices Exxon, Shell, Mobil, Gulf, BP.

"Ahora es distinto. Hoy vamos rumbo al Socialismo. Nuestro petróleo es el motor que moverá al Sur. Nuestros combustibles movilizarán los motores, físicos y mentales, que necesita la Revolución para derrotar definitivamente a este modelo caduco (capitalismo) que tiene ya cinco siglos explotando nuestras riquezas naturales", en unas Concesiones vergonzosas y una falsa nacionalización que lo que hizo fue entregar nuestro petróleo durante el Siglo XX.

Los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, admitidos bajo presiones chantajistas y amenazas de derrocar y tumbar al estado ejercidas sobre un gobierno que había aceptado términos de negociación írritos e inconfesables, pocos días antes de la trasferencia legal de la industria petrolera a manos del Estado, fueron los eventos paradigmáticos en cuanto a una nueva configuración de los vínculos Estado-Corporaciones en los 27 años que siguieron hasta el 2003 cuando se acabó el dominio gringo dentro de PDVSA, durante los cuales esa configuración se ha desarrollado y consolidado.

Utilizando unos términos actuales, en esos contratos se plasmaron los pasos iniciales de la apertura petrolera, porque fue a través de ellos que Exxon, Shell, Mobil, y Gulf, principalmente, pasaron a tener injerencia en espacios distintos a los de sus antiguas concesiones, abriéndose simultáneamente nuevas oportunidades para otras grandes corporaciones, tan es así que el despacho del crudo era ordenado desde las oficinas de INTESA con Giusti al frente desde Washington en las oficinas de la CIA.

Con esos contratos leoninos redactados por el Departamento de Estado Estadounidense y avalados por la otrora “Gente del Petróleo” se inicia el proceso de descomposición del aparato de control y fiscalización estructurado por el Estado venezolano a lo largo de décadas.

En ellos se ofrendó a las trasnacionales, la renuncia a la soberanía draconiana que poseíamos de nuestros recursos, al establecer una fórmula automática para compensar todo intento de incremento de las tasas impositivas vigentes a la firma del contrato. Igualmente, allí, por primera vez, se renunció a la “inmunidad de jurisdicción”, al establecer, en contravención del Artículo 127 de la Constitución Nacional de 1961, el arbitraje internacional como medio para dirimir los desacuerdos entre las partes contratantes teniendo nosotros la experiencia histórica de lo que ha causado el arbitraje internacional en nuestro territorio, que normalmente nuestros defensores eran nombrados por los EE.UU o Inglaterra.

Posteriormente se incorporaron nuevas áreas a este proceso de expansión de la participación extranjera en el negocio petrolero venezolano los programas para el cambio de patrón de refinación que fue donde nos sometieron a la exclusividad de la tecnología gringa como medio de persuasión ante cualquier intención de independencia energética y los “megaproyectos” de la Faja del Orinoco fueron los siguientes escenarios en los cuales se continuaron los retrocesos de la soberanía estatal, que hoy pertenecen a Venezuela, gracias al Comandante Hugo Chávez.

A ellos siguieron la internacionalización y la Orimulsión, destacados componente de una estrategia enfrentada a la política oficial, y generalmente aceptada, de control de la producción como garantía para la defensa de los precios. Esa estrategia gerencial incorpora, en consecuencia, un decidido sesgo anti-OPEP.

Fue así como se preparó el deterioro de la participación nacional en el negocio petrolero, constituyendo la llamada “apertura petrolera” sólo el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las elites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal aun en la actualidad.

*EL CASO VENEZUELA NO ERA EL PRIMERO EN AMERICA LATINA, MEXICO EN EL MANDATO DEL GENERAL LAZARO CARDENAS TAMBIEN VIVIO UN PROCESO NACIONALISTA NO TAN LEONINO COMO EL DE VENEZUELA EN EL AÑO 1976.*

Estas medidas que fueron tomadas por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, le aterrorizaban al Departamento de Estado los hacia regresar al pasado y recordar la Política Nacionalista aplicada por el General Mexicano Lázaro Cárdenas en 1938 con la cual vieron como el negocio que prácticamente era de ellos se esfumaba en sus manos ante sus propias narices, esta terrorífica situación fue uno de los factores desencadenantes del golpe petrolero de abril de 2002. Esos mismos temores los llevan hoy a utilizar todas sus recursos, incluido el chantaje terrorista, para imponer su particular visión de la democracia; una que sea complaciente con sus negocios y no invoque viejas, desteñidas, desfasadas, “rentistas” y amenazantes posturas nacionalistas.

El General Cárdenas desde su campaña electoral mostró un marcado acento nacionalista en relación con el capital extranjero y esa actitud no es de agrado del Departamento de Estado ni el del Congreso de los EEUU,

Ya en 1935 un observador norteamericano hacía notar que el clima en el que se movían las inversiones extranjeras era extremadamente hostil. Cárdenas buscaba que el desarrollo de México fuera fundamentalmente obra de los nacionales; “México dijo ante una concentración de trabajadores mineros no puede llegar a ser próspero sirviendo de seductora sirena al capital extranjero”.

Posiblemente esta política nacionalista fue facilitada por el hecho de que desde 1929, como resultado de la depresión mundial, la ya de por sí pequeña entrada de capital procedente del exterior disminuyera aún más; por tanto, no existía el riesgo de ahuyentar a inversores potenciales en aquellos campos en que se requería su concurso. En un informe que Daniels envió al Departamento de Estado el 9 de febrero de 1939, señaló que el origen de la disminución de las inversiones extranjeras en México a partir de 1929, y que se había acelerado después de 1935, era en gran medida la política gubernamental de expropiación y apoyo a las demandas obreras, olvidando el carácter mundial del retraimiento de los capitales por encima de políticas sociales o de interés de los pueblos, es decir, la explotación del hombre por el hombre era el método que le convenía a USA y el General Cárdenas no estaba dispuesto a permitirlo.

Para ello el General Cárdenas contaba con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes y Planes desarrollados por el Gobierno Nacionalista. El artículo 97 del Plan pedía la efectiva nacionalización del subsuelo. El gobierno debía ejercer una verdadera regulación de las actividades de quienes se dedicaran a la explotación de los recursos naturales, e impedir el acaparamiento de los depósitos petrolíferos aumentando, a la vez, las reservas nacionales de ese combustible.

El artículo 98 hacía hincapié en la conveniencia de aumentar la participación gubernamental en las utilidades de las empresas dedicadas a explotar los recursos naturales.

El artículo 103 proponía lograr un equilibrio entre los diversos intereses económicos que operaban en la industria petrolera; era menester desarrollar empresas nacionales, ya fueran privadas u oficiales.

El siguiente artículo hacía manifiesta la necesidad de mantener un ritmo de producción acorde con el volumen de las reservas. Finalmente, el artículo 106 proponía una prohibición sobre la exportación de aquellos productos derivados del petróleo que carecieran de un grado suficiente de refinación.

INTESA Y LA CIA.

RESCATE DEL CEREBRO INFORMÁTICO DE PDVSA.

INTESA, por “Informática, negocios y tecnología SA”, era una empresa de outsourcing en materia de informática creada en 1999 por PDVSA y SAIC (Science Applications Internacional Corporation). Su función: controlar todo el sistema de información de la petrolera estatal venezolana. Mientras que el capital inicial lo aportó Venezuela, el 60% del joint venture quedó en manos de la extranjera SAIC, presidida por Roger D. Brown, ex-director del Global Oil and Gas Initiatives. Por su parte, en el 2003 el director de SAIC era Bobby R. Inman, almirante retirado de la marina estadounidense y director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde el 12 de febrero de 1981 hasta el 10 de junio de 1982. Otros militares retirados formaban el equipo de gerencia de SAIC.

Bajo la justificación de que ese esquema de trabajo tercerizado en INTESA permitiría hacer descender los costos en los servicios de computación, INTESA pasó a controlar la información de la totalidad de las computadoras de la petrolera venezolana. El argumento tampoco era muy sólido: SAIC cobraba a su socia PDVSA cerca de 80 millones de dólares, un número realmente alto para el servicio, por controlar toda la información vital de la petrolera. Sus servidores alojaban todos los datos financieros, técnicos, presupuestarios y de negocios de la empresa. Y además, los movimientos de dinero entre PDVSA e INTESA no parecían estar del todo claros.

Un informe del comisario de PDVSA de 2001, en su página 14 dice “… se realizó la evaluación del acta de Mutuo Acuerdo (sic) entre INTESA y PDVSA, en la cual se determinó que INTESA realizó cobros indebidos (sic) por el orden de 55 millones de dólares; sin embargo, PDVSA consideró conveniente, luego de un proceso de negociación (sic), aceptar sólo la cantidad de 2.2 millones de dólares”. Era evidente que los intentos del gobierno de Chávez por obtener claridad sobre los números de PDVSA generarían conflicto en con la Junta Directiva y no serían bienvenidos por una empresa como INTESA, excesivamente ligada a PDVSA.

Por ese entonces, las ganancias anuales de SAIC eran de 2 mil millones de dólares y en un 90 por ciento provenían de contratos en el área de defensa e inteligencia con el gobierno de Estados Unidos.

Entre otras cosas por ser la encargada de desarrollar el sistema informático de defensa del Departamento de Defensa, además de trabajar en el interior de las principales petroleras del mundo y haber ganado los contratos más importantes para el diseño de sistemas de defensa y ataque aeroespacial del gobierno de Estados Unidos.

Según el artículo de Ralph Alexander Foster y Tulio Monsalve, de donde proviene gran parte de la información que figura en estas líneas sobre INTESA: *“Sin duda es por el nombre de sus directores que SAIC ha conseguido sus contratos con la administración estadounidense. Veamos algunos de ellos: almirante Bobby Inman, director principal de la CIA; Melvin Laird, secretario de Defensa del ex presidente Richard Nixon; general retirado Max Thurman, comandante de la invasión de Panamá, y Donald Hicks, jefe de investigaciones del Pentágono. A estos ‘tradicionales’ hay que agregar nuevos miembros del directorio: Robert Gates y John Deutsch, ex directores de la CIA; y William Perry, ex secretario de Defensa”.

Otro miembro, J.R. Beyster, formaba parte del Comité Asesor de Seguridad en Telecomunicaciones, un selecto organismo de 30 personas asociado con los dueños de las sociedades privadas de producción de tecnologías de control y espionaje de las comunicaciones.

Una vez más, es fácil preguntarse cómo no iba a causar revuelo la intención del gobierno chavista de tener una imagen más afilada de lo que estaba pasando dentro de PDVSA. De la misma forma, no hay que ser paranoico para asumir, de una vez por todas, que el golpe de abril y el paro petrolero de diciembre de 2002 fueron mucho más que una movilización cívica fue un acto criminal y de traiccion a la patria, suceso que no debe extrañarnos ya que a ese tipo de actuación nos tiene acostumbrado la “Gusanera Pro Gringa Venezolana”.

La intencional desestabilización de la plataforma tecnológica (servidores, computadores, elementos de telecomunicaciones activos y pasivos, software, entre otros) había constituido otra fase estratégica del nefasto sabotaje petrolero, perpetrado por los apátridas ya que esta neurálgica área había sido privatizada por la apertura petrolera, teniendo los centros de datos en los Estados Unidos como mencione anteriormente.

INTESA, responsable del corazón informático de la Corporación, desde el inicio del sabotaje petrolero se transformó en un Caballo de Troya, mediante el bloqueo de claves de acceso e impidiendo el funcionamiento de sistemas estratégicos con el objetivo de estrangular económicamente al país.

El coraje y el amor por Venezuela de las trabajadoras y los trabajadores petroleros comprometidos con la Revolución Bolivariana, junto con el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rescató el cerebro de PDVSA, sus distintos procesos operativos y la alineó con el Estado venezolano y sus políticas sociales de dignificación de nuestro pueblo.

No me explico como los servicios de Automatización, Telecomunicaciones e Informática habían sido tercerizados a la empresa mixta INTESA, que se sabía constituida entre PDVSA y la trasnacional Science Applications International Corporation (SAIC), una empresa que trabaja para los sistemas de defensa y ataque aeroespacial del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que además poseía 60% de participación, que era accionista mayoritario en una empresa neurálgica del estado.

*LA PRIVATIZACION DE 1976 NO PERMITIRIA QUE SU GALLINA DE HUEVOS DE ORO QUEDARA EN PODER DEL PUEBLO.*

El acontecimiento más relevante y dramático ocurrido durante toda la historia de la industria petrolera venezolana ha sido sin dudas el sabotaje cometido contra PDVSA entre diciembre del año 2002 y enero de 2003.

El lunes 2 de diciembre de 2002, fuerzas de oposición al gobierno de Hugo Chávez iniciaron una acción política llamada “paro cívico nacional” convocado con el fin de derrocar al primer mandatario nacional.

El 4 de diciembre los canales de televisión y radio del país comenzaron a trasmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo. Las imágenes mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba y participaba en la acción opositora. El tanquero permaneció fondeado y bajo el control de la tripulación insurrecta durante diecisiete días y se convirtió en la expresión más clara del compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de la vieja PDVSA con la acción de protesta que ya se había convertido claramente en acción de sabotaje.

De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos petroleros que habían promovido la paralización de la industria, conjuntamente con representantes de Fedecámaras (la cúpula empresarial venezolana) y de la CTV (la principal central sindical de trabajadores del país) aparecían como voceros e instigadores principales de esta acción insurreccional. Tal como había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de 2002, la oposición logró la insólita afiliación de la patronal y los trabajadores para cometer nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes establecidos en el país, confiando esta vez, y luego del fracaso del golpe político, en que la desestabilización de la principal fuente de ingresos de Venezuela –la industria petrolera-, terminaría por asfixiar al gobierno bolivariano y obligaría a la renuncia del presidente Chávez.

Los sucesos del Pilín León demostraron rápidamente que la estrategia se centraba en lograr la paralización del sector petrolero nacional. Siguieron a la tripulación del Pilín León las de los demás tanqueros de PDV Marina, gerentes y operadores de refinerías, empleados y trabajadores de los campos, profesionales y técnicos de las áreas de informática, contratistas de transporte interno de combustibles y derivados, en resumen, personal de distintas áreas con capacidad real para perturbar seriamente el funcionamiento de la principal industria nacional.

Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el transporte desde los centros de producción o refinación hacia los centros de suministro comercial. Entre otras afectaciones se pueden enunciar las siguientes:

La afectación del suministro a la planta de combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas nacionales e internacionales

Suspensión del suministro de combustible desde las Plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar

El cierre del 90% de las estaciones de servicio en los Estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo.

La suspensión total de la actividad en las Plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta última surtidora de los Estados Yaracuy, Lara y Cojedes

Suspensión de la Planta Guaraguao, con perjuicio para los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y parte de Sucre

Suspensión de la Planta Maturín, con cierre de las estaciones de servicio de los Estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre

Suspensión de la Planta de San Tomé, con lesión a la actividad de transporte de alimentos y productos industriales de la región

Mínimo despacho de las Plantas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la Planta de Bajo Grande surtidora de la costa oriental del Lago de Maracaibo, de la Planta de San Lorenzo, que operó en un 50%, con perjuicio para el suministro de los Estados Zulia, Trujillo y parte de Lara y Falcón

Suspensión total de actividades de la Planta El Vigía, con afectación de los Estados Mérida, Táchira y Apure.

La paralización del buque “Pilín León” y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de PDV Marina

La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros del país, lo cual no sólo paraliza el suministro de combustible al mercado interno, sino la venta de crudos y productos para la exportación

La negativa de seis buques tanqueros de terceros a atracar en muelles de PDVSA por considerar que no existe personal calificado en dichas instalaciones.

La producción total de crudo disminuyó en un 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento, a la paralización de 29 unidades de compresión en el Lago de Maracaibo y al detenimiento de las actividades del Terminal Lacustre de La Salina por abandono del personal

Paralización total en algunos casos y funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto La Cruz y Paraguaná, así como en las petroquímicas ubicadas en el Tablazo, Morón y José, y casos de personal con hasta 48 horas de trabajo continuo.

TODOS LOS ACTOS OPOSITORES LE HAN DEJADO PERDIDA A VENEZUELA. EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DESPUÉS DEL SABOTAJE PETROLERO.

Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sabotaje petrolero promovido por sectores antinacionales trajo como consecuencia una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad venezolana. Estudios del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela señalan los siguientes datos:

El monto de las pérdidas por ventas no realizadas llegó a 14 430 millones de dólares aproximadamente, lo cual motivó una disminución de un monto cercano a 9 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de PDVSA y sus filiales al fisco nacional. Esto limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas.

El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.

Se registró igualmente una contracción en los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.

En términos monetarios, se observó un aumento en el efectivo de 26%, una caída de los depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.

¿Por qué tantos gerentes, ejecutivos y empleados de PDVSA llegaron a adoptar una actitud soboteadora contra su propia corporación? ¿Por qué pusieron en riesgo el futuro de sus lucrativas carreras profesionales, además de propiciar acciones que tanto el costaron al país?

La causa fundamental del conflicto entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta en marcha por el gobierno.

Esta nueva política busca corregir la PDVSA que había logrado convertirse prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que había escamoteado al pueblo venezolano, utilizando su enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de su riqueza nacional; la vieja PDVSA, corporación estatal, funcionaba en la práctica como una empresa privada, dirigida por una “meritocracia”, término con el cual se conoce a la élite económicamente privilegiada y desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que dirigía la Corporación. La vieja PDVSA tenía niveles tan altos de autonomía respecto al Estado venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la política petrolera venezolana y emprendía iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de la empresa y se relegaba a segundos niveles los intereses del resto de la sociedad.

También desde los inicios mismos de la industria nacionalizada en 1976 comenzaron las presiones para disminuir la contribución fiscal de la empresa, y este renglón se convirtió en una verdadera “caja negra”.

*Bitácora del sabotaje petrolero. Diciembre 2002-abril de 2003.*

Año 2002

2 de diciembre: Se inicia una paralización ilegal de la industria petrolera convocada por fuerzas de la oposición al gobierno de Chávez.